El jurista Julio Cury, quien representó a la parte demandada, considera morboso el interés de incluir al  Ministerio Administrativo de la Presidencia porque desde septiembre del 2012, dejó de formar parte de la Comisión para las Importaciones Agropecuarias, entidad encargada de asignar los volúmenes de los contingentes arancelarios del DR-CAFTA.

 

Santo Domingo

 

La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo acogió este lunes la nulidad de la acción de amparo de cumplimiento interpuesta por Almacenes Generales de Depósito del Agro, M.C., S.A. en contra del Ministerio Administrativo de la Presidencia y de la Dirección General de Aduanas, que pretendía que el tribunal modificara el método de asignación de los volúmenes de los contingentes arancelarios del Tratado DR-CAFTA.

Mediante la acción de amparo, la empresa procuraba que se le asignase, para este año, 1,000 toneladas métricas adicionales a las  88 les fueron expedidas mediante certificado de asignación de contingentes.

El jurista Julio Cury, quien representó al Ministerio Administrativo de la Presidencia y a la Dirección General de Aduanas, dijo que la empresa estuvo representada por una persona desprovista de poder legal y estatutario.

“La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo consideró que Almacenes Generales de Depósito del Agro, M.C., S.A., estuvo representada por una persona desprovista de poder legal y estatutario para representarla en justicia”, sostuvo Cury, y a cuyas conclusiones se adhirieron los Ministerios de Agricultura e Industria, Comercio y Mipymes, así como también el Procurador General Administrativo.

En la audiencia del pasado jueves, Cury tildó de “morboso y malsano” el afán de incluir en el proceso al Ministro Administrativo de la Presidencia, pues, según explicó, desde el 11 de septiembre del 2012, mediante Decreto No. 569-12; dejó de formar parte de la Comisión para las Importaciones Agropecuarias, entidad encargada de asignar los volúmenes de los contingentes arancelarios del DR-CAFTA.

“Nunca la chicana había llegado a límites tan irresponsables. Poner en causa a un funcionario público sin ignorar que no es la autoridad a quien le corresponde el cumplimiento de una norma legal o acto administrativo, es una odiosa temeridad. Y no es difícil colegir que la inclusión del Ministro Administrativo de la Presidencia en este y otras acciones de idéntico corte responde a la sórdida obsesión de lacerar el nombre y consideración de José Ramón Peralta, obsesión que comparten LADOM y Granos Nacionales, S.A.”, expresó.